LA PANDEMIA ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES EN LATINOAMÉRICA

 

 

Noviembre 2020

Varios Gobiernos latinoamericanos han puesto en marcha millonarios planes de infraestructuras como medida para reactivar sus economías, castigadas por la Covid-19. Estos planes, que incluyen una variada cartera de proyectos de movilidad (viales, ferroviarios, aeroportuarios, portuarios, transporte público), son una gran oportunidad para las ingenierías, constructoras y concesionarias españolas del sector.    

 

El denominador común de los planes de infraestructuras presentados por cuatro países de la región (México, Chile, Colombia y Perú) es dar un impulso a sus economías y recuperar parte de los empleos perdidos por el coronavirus. Todos estos planes –salvo el de Perú, lanzado en 2019– fueron presentados una vez declarada la pandemia e incluyen en su mayor parte nuevos proyectos de infraestructuras de movilidad y otros ya iniciados. Para su financiación se combina la inversión pública de los Gobiernos y la participación de empresas a través de asociaciones público-privadas (APP). Brasil presentó y luego retiró su propio plan (Pró-Brasil), pero su programa de concesiones comparte los objetivos de recuperación económica y las millonarias inversiones de los otros.

 

MÉXICO

El plan de infraestructuras de México, presentado oficialmente el 6 de octubre, está incluido en el Acuerdo para la Reactivación Económica con que la alianza entre el Gobierno federal y el sector privado pretende dinamizar la economía nacional. Es un plan público-privado, con un presupuesto de casi 12.000 M€ en su primera fase, que será financiado principalmente por la iniciativa privada.

Este plan es complementario a las grandes inversiones en proyectos de movilidad que realiza el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Ciudad de México, Tren Maya, Ferrocarril Transístmico).

 

En su primera fase, el plan lo integran 39 proyectos de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente, aunque la mayoría están ligados a la movilidad: 27 son proyectos viales, tres ferroviarios y dos portuarios, promovidos por organismos públicos y empresas privadas. Del total de proyectos, 32 son nuevos (inversión de 10.300 M€), con obras a iniciar en 2020-2021, y siete están en fase de ejecución desde enero (1.700 M€). Buena parte de estas obras son esquemas APP financiados por capital privado, que deberá aportar al menos el 50% del coste total de los mismos.

De los proyectos específicos de movilidad, los ferroviarios son los que requieren un mayor  nivel de inversión. El más relevante es el «renacido»  

proyecto del tren México-Querétaro, cancelado abruptamente en 2014 tras su adjudicación a un consorcio chino-mexicano por sospechas de corrupción durante la fase de licitación. El que será el primer tren de alta velocidad de Latinoamérica se realizará mediante concesión, con una inversión de  2.000 M€; según el cronograma actual, sus obras arrancarán en junio de 2021. Le siguen por relevancia dos proyectos de intermodalidad ferro-aeroportuaria: la conexión con el aeropuerto de Monterrey (800 M€) y el ramal del suburbano al nuevo aeropuerto de Ciudad de México (510 M€).

El grueso del plan lo forman los proyectos viales, básicamente desdoblamientos, nuevas variantes y construcción de puentes, varios de ellos promovidos por empresas. Por volumen de inversión, los más relevantes son la duplicación de la carretera al nuevo aeropuerto de CDMX (375 M€), el viaducto elevado de Zaragoza (325 M€) y el mantenimiento, rehabilitación y operación de la red vial del sureste (205 M€). En el grupo de proyectos nuevos, la española Aldesa promueve la ampliación de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal (42 M€), 

cuya concesión gestiona. En el de proyectos ya iniciados, la concesionaria Roadis desarrolla el viaducto de Santa Catarina en Monterrey (198 M€).

Casi dos meses después, el 30 de noviembre, el Gobierno hizo pública una segunda fase de inversiones del plan, por importe de casi 9.500 M€. Esta fase está formada por 29 proyectos de infraestructuras, de ellos la mitad de carreteras (16), con una inversión prevista de 4.500 M€. Los proyectos, que financiará en parte la iniciativa privada, se iniciarán en 2021.

Como principales proyectos destacan la autopista Naucalpan-Ecatepec en el valle de México (826 M€), la autopista Interserrana en Monterrey (785 M€), Caminos del Sur (620 M€) y la autopista Tultepec-Pirámides (258 M€), los dos últimos en el Estado de México. El resto son nuevos tramos y modernización de autopistas. Buena parte son iniciativa de empresas privadas, pero hay otros promovidos por el Gobierno federal. Uno de ellos, el entronque al acceso del nuevo aeropuerto de CDMX (62 M€), es una iniciativa de Aleatica, la antigua OHL Concesiones.

CHILE  

El plan chileno, denominado Paso a Paso Chile se Recupera, fue hecho público por el presidente Piñera en agosto y responde a los mismos objetivos de los demás planes regionales: impulsar con nuevas obras una economía diezmada por la pandemia. El plan prevé una inversión pública de 34.000 M$ para el periodo 2020-2022, con 4.500 M$ adicionales sobre el presupuesto regular de los ministerios para relanzar la actividad.

La inversión pública en movilidad del plan se reparte entre dos ministerios. El de Obras Públicas (MOP) destinará recursos a la reposición y mejora de la red vial (7.500 km, 150 puentes) y a la ampliación de 10 aeropuertos. 

Transportes, por su parte, invertirá más de 3.000 M$ hasta el año 2022 en la mejora del transporte público, acelerando las inversiones en el metro y el ferrocarril. En el metro de Santiago, que actualmente amplía las líneas 2 y 3, se ha licitado el primer tramo (7,9 km) de la línea 7 (25,8 km, 19 estaciones, inversión de 2.900 M$) y están previstas dos nuevas líneas (8 y 9) y otra ampliación (4), por un importe global de unos 4.000 M$. Y en ferrocarriles, los fondos del plan irán al desarrollo de dos líneas de Cercanías (nueva Santiago-Melipilla, 61 km, 11 estaciones, 1.560 M$; y mejora de Alameda-Chillán, 115 M$) y al puente sobre el Biobio (1,8 km, 220 M$).

La inversión privada, por su parte, permitirá agilizar las concesiones que 

gestiona el MOP. Este departamento prevé licitar un total de 23 proyectos de movilidad (la mayoría de carreteras) hasta finales del año 2021, por un importe acumulado de 6.526 M$. Seis proyectos APP acaparan más de la mitad de esa cifra: la relicitación de las concesiones de las rutas 68 (Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, inversión de 903 M$) y 78 (Santiago-San Antonio, 714 M$), hoy gestionadas por la concesionaria española Abertis; la mejora y operación de tres tramos de la Panamericana o Ruta 5 (Caldera-Antofagasta 628 M$, Temuco-Río Bueno 543 M$ y Chillán-Collipuli 309 M$), y la ruta longitudinal de Chiloé (503 M$). El resto se reparte entre proyectos viales (ruta Pie de Monte 251 M$ y Orbital sur de Santiago 210 M$, entre ellos) y aeroportuarios.

PERÚ

El plan de Perú, denominado Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), se presentó seis meses antes de estallar la pandemia del coronavirus, en julio de 2019, pero, como los demás, también busca cerrar brechas en la infraestructura nacional para mejorar la economía y el empleo. Incluye, al igual que sus pares regionales, obras de inversión pública y asociaciones público-privadas (APP), algunas ya en marcha y otras en fase de presentación a los inversores extranjeros. El plan ha identificado 52 proyectos prioritarios a ejecutar en un periodo de cinco años, con un presupuesto de 27.000 M$. Prácticamente el 80% de esa cifra se destinará a 26 proyectos de movilidad.

Por la relevancia inversora, los principales son los relativos a la ampliación del metro de Lima. La capital tiene en servicio la línea 1 y un consorcio hispano-italiano construye en régimen de concesión la línea 2 y un ramal de la línea 4 (4.700 M$), consignado en el plan como proyecto en ejecución. El plan, además, incluye la construcción de la línea 3 (3.400 M$), infraestructura a desarrollar mediante la modalidad de gobierno a gobierno (G2G), consistente en la selección de un país que realizará para el Gobierno peruano la asistencia técnica integral del proyecto y la elección del constructor. El proceso de selección está en marcha y España es uno de

los 11 países postulados. El procedimiento G2G se seguirá también en la futura línea 4 y en otros dos proyectos del plan: el nuevo aeropuerto de Chinchero (Corea fue seleccionada en vez de España) y la Carretera Central.

En carreteras, el plan propone 12 proyectos, siendo APP los de mayor inversión, entre ellos el tramo 4 de la Carretera Longitudinal de la Sierra (2.700 M$), el anillo vial periférico de Lima-Callao (1.880 M$) y la mencionada Carretera Central (645 M$). En obra pública destaca la intervención sobre 4.500 km de la red vial para mejorar el transporte de mercancías (1.700 M$).

También recoge el plan proyectos aeroportuarios, como la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima (1.375 M$, en ejecución por empresas españolas, salvo el nuevo edificio terminal, aún por adjudicar), el nuevo aeropuerto de Chinchero-Cusco (675 M$) y la mejora de los de Trujillo y Piura (636 M$), todos en régimen APP. En el ámbito portuario destacan sendas concesiones para la ampliación de dos terminales en el puerto de El Callao (1.350 M$). Solo hay un proyecto ferroviario cien por cien: le rehabilitación del ferrocarril andino Huancayo-Huancavelica o «Tren Macho» (213 M$), concesión de inminente adjudicación.

COLOMBIA    

Con el mismo objetivo de relanzar la economía, el Gobierno de Colombia lanzó en septiembre, más que un plan de infraestructuras, el plan de concesiones de quinta generación (5G). Esta iniciativa es la continuación natural del plan de concesiones viales de cuarta generación (4G), desarrollado desde 2014 y actualmente en desarrollo, que tiene presencia de constructoras y concesionarias españolas en siete de sus 29 proyectos.

El nuevo plan 5G, en fase de estructuración y licitación, contempla un presupuesto de 12.700 M$ para desarrollar 24 proyectos público-privados basados en criterios de intermodalidad, conectividad y sostenibilidad ambiental y financiera, ampliando el radio respecto al plan 4 G (solo de carreteras) a ferrocarriles, 

aeropuertos y navegabilidad fluvial. El 5G, como su antecesor, se estructurará en dos olas consecutivas, cada una con 12 proyectos, y con niveles de inversión dispares: 5.200 M$ la primera y otros 7.500 M$ la segunda.

En la primera ola se licitarán seis proyectos viales, destacando el corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura (620 M$), dos tramos de la Troncal del Magdalena (Puerto Salgar-Barrancabermeja 490 M$ y Barrancabermeja-San Roque 413 M$) y los accesos norte II a Bogotá (310 M$). En octubre se celebró una presentación del primero de estos proyectos con concesionarias, constructoras y financiadores interesados en su desarrollo, entre ellas las españolas Ferrovial y Sacyr.

También se licitarán tres concesiones aeroportuarias (entre ellas la

modernización del aeropuerto de Cartagena de Indias, promovida por el concesionario asociado con Aena Internacional), dos de navegabilidad fluvial (Canal del Dique y río Magdalena, 600 M$ entre las dos) y una ferroviaria (mejora del tramo Dorada-Chiraguaná, 750 M$). Para la segunda ola quedará un proyecto estrella, el nuevo aeropuerto El Dorado II de Bogotá.

Fuera del plan de concesiones, a finales de noviembre se presentó  otro gran proyecto que dinamizará la economía colombiana, la línea 2 del metro de Bogotá, infraestructura urbana de 15 km de longitud y presupuesto estimado de 4.400 M$. Según las previsiones, en 2021 se licitarán los estudios de viabilidad, al año siguiente se estructurará el proyecto y se definirá el convenio de financiación con el Gobierno nacional y en 2023 se licitarán e iniciarán las obras.